Dom. Abr 5th, 2020

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El recurso de la subcontratación

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Nuestra clase política no ha podido resolver algunos graves problemas nacionales que un nuevo gobierno tendrá que enfrentar. Sería muy arriesgado asumir que las nuevas autoridades, especímenes de esa misma clase, producirán formulas salvadoras a partir de agosto del 2020. Por eso se justifica que para su solución se contemple el reclutamiento de ayuda de entes externos mediante el uso del recurso de la subcontratación. Tal medida sería particularmente deseable para encarar problemas tan complejos como la impunidad, el desbarajuste fiscal, la inseguridad pública y el bajo rendimiento escolar.

Se sabe de sobra que la impunidad es el principal estímulo para la corrupción que embarga las prácticas de la clase política y de sus cómplices económicos. No podremos consolidar la institucionalidad democrática sin que esta se persiga y castigue. El reclamo de que se combata ha sido escuchado por varios partidos de la oposición, pero ninguno ha presentado hasta ahora una estrategia para su erradicación. Solo el PRM ha prometido específicamente nombrar una personalidad independiente en el cargo de Procurador General para garantizar un idóneo desempeño del ministerio público.

Pero esa medida no será suficiente para responder a la sed de justicia derivada del caso de corrupción de la Odebrecht, el más oneroso de la historia del país. Hoy prevalece en la ciudadanía uno macabro descreimiento porque esta asume que, a pesar de la enorme cuantía del timo, las nuevas autoridades aplicaran el “borrón y cuenta nueva” sin rescatar el botín robado. Gran parte de la sociedad sospecha que no se ha profundizado la investigación ni se han sometido a la justicia a todos los implicados y que en este caso no habrá justicia. Basta recordar que la PGR no ha investigado la denuncia de corrupción en el caso de Punta Catalina y que la Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoria forense de las demás obras para evaluar sus sobrecostos. El gran anhelo de justicia que significo la Marcha Verde ha quedado pendiente de redención.

Por más diligente y corajudo que sea el Procurador del próximo gobierno, ese solo proceso podría empantanar todas las demás investigaciones de esa cartera. La magnitud del caso absorbería los recursos del Ministerio Publico y la atención del público, restando efectividad en otros casos e iniciativas. El hecho de que una persecución efectiva podría producir reembolsos para el fisco de más de mil millones de dólares –tal y como ha sido el caso en Perú—implica que el esfuerzo persecutorio debe ser serio, intenso y continuo, posiblemente excediendo el periodo de gobierno. En consecuencia, será necesario apelar a un recurso similar al de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de la OEA en Honduras  para auxiliar a la PGR.

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