martes, julio 5, 2022

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El Anti-Pulpo: Fiscales desvelan gran madeja de corrupción

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Desde la designación de Luis Ernesto de León Núñez, cuñado del expresidente Danilo Medina, como administrador General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) el 17 de agosto de 2012, esa institución actuó como una red de crimen organizado que operó hasta el 2020 como si “fuera un feudo liderado por algunos de los miembros del Clan Medina Sánchez”.
Así lo establece la Procuraduría General de la República en el expediente acusatorio contra los implicados en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del exmandatario, Alexis Medina Sánchez.

De León Núñez, esposo de Magaly Medina Sánchez y nombrado por Danilo Medina bajo el decreto 642-12, no está detenido por este caso, pero está siendo investigado de acuerdo al documento, ya que “sirvió de plataforma para que los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Domingo Antonio Santiago Muñoz, les fueran adjudicados quince (15) procesos de compras ilegales, contrataciones en perjuicio de los fondos públicos, que, como administrador, Luis Ernesto de León Núñez tenía el deber de resguardar”.

En el documento acusatorio la Procuraduría dice que el grupo “instauró un esquema fraudulento que consistió en crear necesidades en torno a la adquisición de materiales eléctricos, caracterizados por procesos de compras sobreevaluados, el pago de soborno, el acceso a las informaciones confidenciales previas a las convocatorias y las invitaciones simuladas hechas a otros oferentes”.

Estos procesos de compras fueron adjudicados a las empresas United Suppliers Corporation, S.R.L., General Supply Corporation, Wattmax Dominicana, S.R.L y Globus Electrical, controladas por Juan Alexis Medina Sánchez. Las mismas manejaron un monto “a raíz de procesos ilícitos” ascendentes a RD$938,795,357.91.

“Estos hechos evidencian la ilicitud de los procesos de compras y contrataciones y permitieron que entramado se le adjudicaran procesos de compras con precios sobrevaluados que sirvieron para estafar al Estado Dominicano con RD$447,004, 957.97. Tal cual queda recogido en el informe de cámara de cuentas y el informe financiero emitido por Inacif”, dice la acusación.

La Procuraduría General de la República, establece que estos procesos eran captados debido al pago de sobornos, el abuso de poder, al tráfico de influencia, asociación para delinquir y la información privilegiada que manejaban los integrantes del grupo Juan Alexis Medina Sánchez respecto a las contrataciones que le fueron adjudicadas.

La Procuraduría General de la República establece que estos procesos eran captados debido al pago de sobornos.

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