En la pintoresca región de La Altagracia, en la República Dominicana, donde el sol brilla sobre playas de arena blanca y turquesas aguas caribeñas, se esconde una realidad frustrante para sus habitantes: la crisis continua en el suministro de energía eléctrica. Este problema no solo afecta el día a día de la población, sino que también está marcado por prácticas que rozan lo injusto y lo inaceptable en cualquier sociedad moderna.
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Los residentes de La Altagracia se enfrentan diariamente a apagones sin previo aviso, interrupciones que no solo interrumpen la vida cotidiana, sino que también dañan equipos electrónicos y afectan negativamente el comercio local. Esta falta de planificación por parte de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEES) refleja una negligencia preocupante que deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre constante.
Pero quizás aún más alarmante es el método de facturación conocido como «promedio energético de consumo». Bajo este sistema, las EDEES determinan un consumo estimado para cada usuario, ignorando por completo las lecturas reales de medidores. Esta práctica, que en cualquier otra parte del mundo sería llamada robo o estafa, se perpetúa impunemente en La Altagracia. Los residentes, víctimas de esta injusticia, pagan más de lo debido, basados en supuestos consumos que no corresponden a la realidad.
Lo irónico es que, mientras las EDEES aplican este método sin escrúpulos, cualquier intento de los ciudadanos por intervenir, como la más mínima conexión informal para paliar los efectos de los apagones, es castigado severamente. La «justicia» monopolística de las EDEES no deja margen para la comprensión o la humanidad; el mismo acto que las empresas realizan impunemente es criminalizado en la población, alimentando un ciclo de impotencia y frustración.
Es evidente que La Altagracia, un motor económico del país gracias a su turismo y recursos naturales, merece un servicio eléctrico que esté a la altura de su potencial. Los residentes no piden lujos; simplemente demandan un servicio confiable y justo, uno que no los someta a extorsiones disfrazadas de facturación justificada.
Es hora de que las autoridades tomen medidas serias y efectivas para resolver esta crisis eléctrica que afecta a La Altagracia y a otras regiones del país. Es necesario establecer políticas que garanticen un suministro estable y transparente, así como una regulación estricta que proteja a los consumidores de prácticas abusivas.
La energía eléctrica no es solo un servicio; es un derecho básico que todos los ciudadanos deben tener garantizado. Es tiempo de poner fin a la impunidad y devolver a La Altagracia la luz que merece, no solo en sus paisajes naturales, sino también en su vida diaria.
