4 de diciembre de 2020

ORGANIZACIONES RESPALDAN ACCIÓN EN INCONSTITUCIONALIDAD QUE BUSCA ERRADICAR EL MATRIMONIO INFANTIL

Las organizaciones ofrecen argumentos al Tribunal Constitucional para que se declare la

inconstitucionalidad del matrimonio infantil

Las organizaciones ofrecen argumentos al Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad del matrimonio infantil

Santo Domingo, 21 de julio de 2020.- Diversas organizaciones dominicanas depositaron escritos
ante el Tribunal Constitucional interviniendo como amicus curiae o amigos de la corte para
respaldar la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Misión Internacional de Justicia
el pasado 24 de junio del año en curso contra las disposiciones que regulan y legitiman el
matrimonio infantil en la República Dominicana.
Las organizaciones depositantes están integradas por los capítulos para República Dominicana del
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD),
el Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-
RD), Plan International, Fundación Santa Lola, Save The Children, Free The Slaves, Participación
Ciudadana, Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA),
Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor,
Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Fundación Centro
Nuestra Esperanza..
A través de sus intervenciones de amicus curiae, las organizaciones presentaron al Tribunal
Constitucional argumentos que sostienen que el matrimonio infantil es una figura que viola las
disposiciones de la Constitución y los tratados de derechos humanos que buscan proteger a los
niños, niñas y adolescentes, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre
la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Resaltan que los matrimonios y
uniones tempranas afectan, de manera desproporcionada, a las niñas y juegan un rol esencial en
la alta tasa de embarazos en adolescentes y de mortalidad materna.
República Dominicana ocupa el primer lugar entre los países de la región con mayor tasa de
matrimonio infantil. En cuanto a maternidad adolescente, ocupa el segundo lugar, con diferencia de
pequeños decimales con Nicaragua, quien ocupa el primer lugar. Según la ENHOGAR-MICS
(2014), el 35.9 % de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años.
Virginia Saiz, Directora de Plan Internacional República Dominicana, sostiene que “las niñas que
se casan precozmente en matrimonios concertados son más vulnerables a sufrir violencia, abusos
y relaciones sexuales forzadas. En ese sentido, las niñas/esposas no sólo son víctimas de abuso,
embarazos no deseados, sino que se exponen a graves riesgos para su salud, a infecciones de
transmisión sexual (VIH/SIDA), entre otras consecuencias. El Estado dominicano debe honrar los
compromisos internacionales que ha firmado en materia de protección de la niñez, dando fin a la
impunidad de los agresores que se amparan en un matrimonio y brindando oportunidades a las
niñas de que desarrollen un proyecto de vida digno”.
Las organizaciones intervinientes trabajan desde distintos espacios comunitarios, académicos y de
incidencia para la defensa de la niñez, de los derechos de las mujeres, para el desarrollo humano y
para la promoción del derecho internacional y comparado. Los escritos depositados le ofrecen al
tribunal opiniones autorizadas sobre los temas que aborda la acción, quien podrá valorar las
opiniones y hacer uso de ellas al momento de tomar una decisión sobre el caso.
El proyecto de reforma del Código Civil se mantiene sin avance en el Congreso Nacional
precisamente por falta de consenso respecto a la eliminación de la figura del matrimonio infantil.
De ser acogida esta acción, quedarían sin efecto los artículos 144, 145, 149 y 150 del Código Civil,
56 numeral 5 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil y 356 del Código Penal, que permiten que
los menores de 18 años se casen con autorización de sus padres o de un juez.

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