En los últimos días, un caso que involucra a dos jóvenes políticos de la región Este, específicamente del distrito municipal La Otra Banda, ha captado la atención pública. Más allá del temor o la indignación que puedan generar las amenazas de difamación e injuria, es crucial que enfoquemos nuestra preocupación en un aspecto aún más fundamental: el imperativo de aplicar la ley con justicia y rigor.
La Ley de Difamación e Injurias, junto con otras normativas aplicables, no debe ser vista como un mero instrumento de represalia o una forma de escarmiento temporal. Al contrario, su correcta y equitativa aplicación es vital para evitar que este tipo de prácticas insidiosas se conviertan en la norma dentro de nuestra sociedad. El peligro no radica solo en la ofensa individual, sino en el daño sistémico que estas conductas pueden infligir a la moral y la credibilidad de nuestras instituciones políticas.
Si las autoridades no actúan con firmeza y precisión en casos como este, el mensaje que se envía es alarmante: en la República Dominicana, la justicia es flexible y, en muchos casos, inexistente para quienes buscan resarcirse simplemente con una disculpa pública. Este tipo de precedentes no solo compromete la integridad de nuestra clase política, sino que debilita aún más la ya frágil confianza de la ciudadanía en el sistema institucional del país.
No se trata aquí de condenar de antemano a los implicados. El objetivo debe ser garantizar un proceso justo y transparente que deje claro que la ley es igual para todos y que la dignidad y el respeto deben prevalecer en el ejercicio político. Las autoridades deben demostrar capacidad y determinación, cerrando cualquier brecha que permita que las diferencias profesionales o políticas se transformen en ataques personales que degradan nuestra vida pública.
El riesgo que corremos como sociedad es alto. Si permitimos que estas prácticas se normalicen, lo que ganamos no es una victoria en la política local, sino una pérdida colectiva de confianza y un incremento en la desconfianza social. Es imperativo, por tanto, que este caso no solo se resuelva conforme a la ley, sino que se convierta en un ejemplo de cómo se debe proteger la moral y la justicia en la República Dominicana. Solo así podremos fortalecer nuestras instituciones y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
