Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA) manifestó su profunda preocupación frente al proyecto de modificación de la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en conocimiento de la Cámara de Diputados. La institución alertó de que los efectos económicos de esta reforma repercutirán de manera directa en la producción agropecuaria, la competitividad empresarial y el costo de los alimentos.
Un análisis técnico comparativo realizado por la entidad que evalúa la Ley 225-20, la Ley 98-25 y el nuevo proyecto aprobado por el Senado— revela incrementos significativos en las contribuciones especiales. En algunos renglones empresariales, los aumentos acumulados superan el 1,000 % respecto a la legislación original, estableciendo una contribución máxima que alcanzaría los RD$3,000,000 anuales.
Al respecto, Pablo Trinidad Escalante, actual presidente de ANIMPA, advirtió que la evaluación de esta pieza legislativa no puede limitarse a la simple recaudación. «Los importadores y distribuidores de insumos agrícolas constituimos un eslabón fundamental para la producción nacional. Cuando aumentan desproporcionadamente los costos operativos de las empresas que abastecen agroinsumos, fertilizantes y semillas, ese incremento termina reflejándose en toda la cadena productiva, limitando la capacidad de inversión de nuestros productores», explicó Animpa.
Escalante enfatizó que, en un contexto donde los productores ya enfrentan altos costos de energía, transporte y materias primas, imponer nuevas cargas económicas pone en riesgo la estabilidad alimentaria del país.
«Cualquier incremento sostenido en los costos de producción se trasladará de forma gradual al precio final de los alimentos. Esta medida tiene el potencial de encarecer productos esenciales de la canasta básica familiar, tales como el arroz, las habichuelas, los plátanos, los vegetales, las carnes y la leche», puntualizó el presidente de la Asociación.
Un llamado al diálogo y al equilibrio
ANIMPA destacó que las empresas formales que representa ya cumplen con múltiples obligaciones tributarias, laborales y ambientales. Por ello, el gremio insiste en que las políticas públicas deben garantizar un equilibrio justo entre la protección ambiental y la competitividad del aparato productivo nacional.
«Respaldamos plenamente la protección ambiental y la modernización de la gestión de residuos sólidos, pero una reforma de esta magnitud debe construirse mediante el diálogo y estar sustentada en estudios técnicos», añadió el presidente de Animpa.
En ese sentido, la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios exhortó formalmente a la Cámara de Diputados a convocar un proceso de vistas públicas que garantice la participación activa de todos los sectores productivos.
Realizar un estudio de impacto económico y regulatorio antes de aprobar nuevas modificaciones a la legislación actual, revisar la metodología para determinar las contribuciones especiales, procurando un sistema que incentive el cumplimiento ambiental sin asfixiar la producción nacional.
ANIMPA manifestó su firme compromiso de seguir colaborando con las autoridades y el Congreso Nacional en la construcción de soluciones que protejan el medio ambiente, aseguren la competitividad del sector y garanticen el bienestar de las familias dominicanas.
