Higüey, La Altagracia.– El debate sobre la distribución de las diputaciones de cara a las elecciones de 2028 comienza a generar posiciones en las provincias que podrían verse afectadas por una eventual redistribución de curules.
En ese contexto, el diputado por la provincia La Altagracia, Jorge Tavárez, fijó su posición y aseguró que, hasta el momento, la Junta Central Electoral (JCE) no ha adoptado una decisión que implique reducir la cantidad de diputados correspondientes a esa demarcación.
No obstante, el legislador advirtió que, si esa posibilidad llegara a plantearse, defenderá la representación de La Altagracia y recurrirá a los mecanismos institucionales disponibles.
El padrón electoral frente a la realidad poblacional
Uno de los principales argumentos expuestos por Tavárez gira en torno a la diferencia entre el número de electores registrados y la población que realmente reside en la provincia.
El diputado sostiene que La Altagracia ha experimentado un acelerado crecimiento demográfico, impulsado, entre otros factores, por la migración interna y por la llegada de trabajadores vinculados principalmente a la actividad turística.
Según su planteamiento, una parte importante de las personas que viven y trabajan permanentemente en la provincia mantiene su domicilio electoral en otras demarcaciones. Por esa razón, considera que el padrón electoral no necesariamente representa la dimensión poblacional que enfrenta actualmente La Altagracia.
Este punto constituye el eje central de su posición: si la representación legislativa se determina exclusivamente a partir del padrón, podría producirse una diferencia entre la realidad demográfica de una provincia y su representación política.
Una provincia con crecimiento acelerado
La discusión adquiere mayor relevancia en el caso de La Altagracia debido al crecimiento que ha experimentado durante las últimas décadas.
La provincia concentra una parte importante de la actividad turística dominicana, especialmente en la zona de Punta Cana-Bávaro, además de registrar un crecimiento urbano y económico que ha transformado significativamente su estructura social.
Para Tavárez, esa realidad debe ser considerada al momento de analizar cualquier modificación en la representación congresual.
Sin embargo, aquí aparece uno de los principales desafíos del debate: establecer qué criterios deben tener mayor peso para determinar la representación legislativa: el padrón electoral, la población residente, la distribución territorial o una combinación de factores.
El argumento constitucional planteado por Tavárez
El diputado reconoce que existe una disposición constitucional transitoria aplicable al proceso electoral de 2028 que relaciona la distribución de las diputaciones con la cantidad de electores.
Sin embargo, plantea que esa disposición no debe analizarse de manera aislada.
Su interpretación parte de que cualquier decisión debe armonizarse con otros principios constitucionales, entre ellos la igualdad, la equidad, la razonabilidad y la representación efectiva.
Tavárez incluso invoca el principio jurídico “ad impossibilia nemo tenetur”, utilizado para expresar que nadie está obligado a hacer lo imposible.
Aplicado a su argumento, el legislador considera que una provincia no debería ser penalizada políticamente por una situación que, según afirma, escapa parcialmente a su control: que miles de ciudadanos residan en La Altagracia pero mantengan su domicilio electoral en otras provincias.
San Pedro de Macorís y La Romana, parte de la comparación
Otro elemento utilizado por el legislador es la comparación con San Pedro de Macorís y La Romana.
Tavárez señala que esas provincias cuentan actualmente con cuatro diputados y poseen un padrón electoral superior al de La Altagracia, pero sostiene que la población residente en La Altagracia sería considerablemente mayor.
Esta comparación busca colocar sobre la mesa una pregunta fundamental para el debate electoral de 2028: ¿debe la representación congresual responder exclusivamente al número de electores registrados o también considerar las transformaciones demográficas que experimentan las provincias?
La respuesta no corresponde únicamente al ámbito político. Requiere también una discusión técnica y jurídica sustentada en datos oficiales.
El peso económico como argumento político
Tavárez incorpora además otro elemento: el peso económico de La Altagracia.
La provincia es uno de los principales motores turísticos de República Dominicana y concentra una actividad económica de gran importancia para el país.
Desde esa perspectiva, el diputado sostiene que la contribución económica de la demarcación, combinada con su crecimiento poblacional y sus necesidades de infraestructura y servicios, justifica una representación política acorde con esa realidad.
No obstante, el peso económico por sí solo no constituye necesariamente el criterio utilizado para asignar curules. Por eso, este argumento funciona principalmente como parte de una defensa política más amplia de la provincia.
El debate podría ir más allá de La Altagracia
Un aspecto particularmente relevante de la posición de Tavárez es que propone ampliar la discusión.
El legislador plantea que, si se pretende revisar la composición de la Cámara de Diputados, también deberían analizarse demarcaciones que concentran una elevada cantidad de representantes, particularmente algunas circunscripciones del Gran Santo Domingo.
Con esto, el debate deja de ser exclusivamente sobre una posible reducción de representación en La Altagracia y pasa a convertirse en una discusión más amplia sobre el equilibrio de la representación política en República Dominicana.
La pregunta, en consecuencia, no sería solamente cuántos diputados corresponden a La Altagracia, sino si el actual sistema de distribución refleja de manera equilibrada la realidad electoral y demográfica del país.
Una discusión que apenas comienza
Las declaraciones de Jorge Tavárez deben entenderse, por ahora, como una posición política ante un escenario que el propio legislador presenta como eventual.
El diputado reconoce que, hasta el momento, no existe una decisión de la Junta Central Electoral que reduzca una curul a La Altagracia. Por tanto, el debate planteado no debe confundirse con una medida oficialmente adoptada.
Sin embargo, su pronunciamiento coloca sobre la mesa un tema que podría adquirir importancia en el calendario electoral hacia 2028: la relación entre padrón electoral, crecimiento demográfico y representación legislativa.
La discusión será especialmente relevante para La Altagracia, una provincia marcada por el crecimiento de su población, la migración interna, el desarrollo turístico y una transformación económica que ha modificado su peso dentro del país.
Más allá de posiciones partidarias, el desafío será determinar cuál mecanismo permite garantizar una representación que sea constitucional, proporcional y coherente con la realidad de cada territorio.
En ese escenario, cualquier eventual redistribución de curules deberá sustentarse en datos oficiales, criterios técnicos y una interpretación integral del marco constitucional, evitando que una discusión de tanta importancia quede reducida exclusivamente a intereses políticos particulares.
