Washington, EE. UU. — La batalla legal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento se intensificó este viernes.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron una nueva demanda para bloquear la medida a nivel nacional.
La acción legal fue interpuesta luego de que la Corte Suprema permitiera la implementación temporal de la orden presidencial.
El fallo del Supremo levantó los bloqueos de tres tribunales inferiores, que habían detenido la medida en todo el país.
La demanda alega que la orden de Trump viola la Constitución de EE. UU. y el precedente legal vigente.
También contradice la intención histórica del Congreso sobre el derecho de ciudadanía automática por nacimiento.
“Todos los tribunales que han evaluado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional”, expresó Cody Wofsy, abogado de la ACLU.
El nuevo recurso busca proteger a todos los niños nacidos de padres indocumentados o con visado temporal.
La orden de Trump afecta a quienes nacieron después del 19 de febrero y cuyos padres no son residentes legales permanentes.
Veintidós estados y numerosas familias ya habían impugnado la orden en distintos tribunales.
Aunque el fallo del Supremo no aborda el fondo del caso, sí representa una victoria temporal para la Casa Blanca.
La decisión del alto tribunal deja a miles de niños en incertidumbre jurídica mientras avanzan las demandas.
William Powell, asesor legal de una organización demandante, aseguró que el nuevo recurso tendrá un efecto igual o mayor.
Dijo que el objetivo es frenar el impacto de una medida que podría vulnerar derechos fundamentales.
Cecillia Wang, directora legal de ACLU, criticó el fallo del Supremo por permitir daños mientras se resuelve el litigio.
Asegura que la decisión debilita el control constitucional sobre el poder presidencial.
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su esperanza de que tribunales inferiores corrijan la situación.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, también dijo confiar en que la orden no prosperará legalmente.
Los defensores de los inmigrantes esperan que el tribunal de New Hampshire decida antes de que entre en vigor.
El plazo establecido por la Corte Suprema es de 30 días para que la medida comience a aplicarse.
La congresista demócrata Sylvia García advirtió sobre los peligros de esta decisión judicial.
Afirmó que la opinión de la Corte “ha debilitado una de las últimas defensas” frente al abuso de poder.
Rob Bonta, fiscal general de California, advirtió que la medida generará caos administrativo en muchos estados.
Dijo que seguirán luchando para impedir que la orden ejecutiva, calificada de ilegal y antidemocrática, sea implementada.
“La lucha no ha terminado”, afirmó. “Seguiremos defendiendo el derecho de ciudadanía de cada niño nacido en este país”.
