La posibilidad de una reelección presidencial para Luis Abinader ha generado un intenso debate político en República Dominicana, principalmente debido a las presiones de algunos funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que han impulsado la idea a pesar de la prohibición clara establecida en la Constitución del país.
Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó una postura crítica frente a estas acciones. Blanco recordó que la última reforma constitucional fue explícita en prohibir la reelección presidencial, señalando que “parte de los esfuerzos de la modificación de la Constitución fue el tema de la reelección y claramente está prohibida la reelección”. La coordinadora también cuestionó la necesidad de estas presiones, señalando que varios candidatos del PRM han violado los plazos legales para inscribirse como aspirantes presidenciales. “¿Cuál es la necesidad o no hay liderazgo en su partido? Tenemos más de 10 candidatos que han salido, obviamente violentando todos los plazos establecidos por la ley. Entonces, dejemos de legitimar, dejemos de no aplicar lo que la ley establece”, enfatizó Blanco.
Por su parte, el politólogo David Lahoz consideró que estas acciones reflejan una falta de madurez democrática dentro de ciertos sectores políticos. Lahoz apuntó que, aunque el PRM pueda generar ruido en torno al tema, “el único camino que tendría si quiere cambiar el orden constitucional actual es reformar nueva vez la Constitución”. Esto significa que sin una nueva reforma, cualquier intento de reelección sería inconstitucional y legalmente inválido.
El debate se avivó luego de que el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, mostrara su respaldo público a una posible repostulación del presidente Abinader durante un evento celebrado en el Bronx. Esta declaración fue criticada por sectores que defienden el cumplimiento estricto de la Constitución.
Recientemente, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad que buscaba anular la disposición que impide la reelección del actual mandatario, reafirmando así la prohibición vigente y cerrando la puerta a cualquier aspiración presidencial más allá del 2028.
En este contexto, expertos y organizaciones civiles insisten en respetar el marco legal y evitar presiones que puedan desestabilizar el orden democrático en el país, llamando a la reflexión y a la institucionalidad como pilares fundamentales para la gobernabilidad.
