Eliminar la ciudadanía por nacimiento, es una de las medidas que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió promulgar desde antes de iniciar su segundo mandato y que firmó el mismo día de su investidura, generando dudas y diferentes opiniones.
La ciudadanía estadounidense es concedida automáticamente a cualquier persona nacida en el país, derivada de la enmienda número 14 de la constitución de Estados Unidos.
La enmienda fue adoptada en 1868, tras el final de la Guerra Civil, puesto que la enmienda número 13 había abolido la esclavitud en 1865, la 14 resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados, nacidos en Estados Unidos y fue en 1898, cuando el Tribunal Supremo del país afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplicaría a los hijos de inmigrantes.
Aunque Trump esté firme en su decisión de quitar esta medida, la mayoría de juristas coinciden en que el presidente no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
Aseguran que si el mandatario ordenara a los empleados de las agencias federales a interpretar la ciudadanía de forma más restrictiva, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía, dando lugar a una batalla judicial que finalizará en el Tribunal Supremo del país estadounidense.
Una enmienda constitucional si podría eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado, además de la aprobación de tres cuartas partes de los estados del país.
Mientras tanto, el juez federal de Seattle, John Coughenour, suspendió temporalmente la orden ejecutiva que había sido firmada Trump, afirmando que “es una orden flagrantemente inconstitucional”.
El fallo es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país.
Si se aplica la orden se impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres y padres se encuentran en el país de forma ilegal.
Ante esto, 22 estados de afinidad demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción.
El presidente Trump informó desde la Casa Blanca que su administración apelará la sentencia.
